El pasado 15 de noviembre del año en curso, la Primer Ministro de Reino Unido, Theresa May anunciaba la aprobación, por parte del Gabinete de Ministros, del borrador sobre el posible acuerdo de retirada de Reino Unido de la Unión Europea (UE). Cuestión que ha develado para la comunidad internacional la existencia de una serie de contradicciones entrelazadas con conflictos de índole económica, política y social.
Para comprender las repercusiones de dicho proyecto de acuerdo sobre las relaciones internacionales del Reino Unido con el resto de la comunidad, es necesario visualizar la realidad política que se desarrolla a nivel interno dentro de este Estado.
En primer lugar, es necesario destacar que tras la intensa jornada política experimentada la semana pasada, se ha desatado una serie de polémicas que han involucrado diversos sectores del aparataje Estatal, incluyendo desde el conjunto empresarial y el parlamento hasta la sociedad civil. Esto se explica debido al enorme impacto que ha tenido la propuesta de acuerdo, elaborada tras 17 meses de arduas negociaciones entre Londres y Bruselas.
Dentro de las propuestas enmarcadas en el borrador se encuentra: la apertura de un proceso de transición hasta diciembre del 2020 una vez transcurrida la formalización del divorcio en marzo de 2019; la aplicación de un territorio aduanero único entre Reino Unido y la UE desde el final del período de transición hasta la negociación de un nuevo acuerdo; la cancelación de todos los compromisos financieros adquiridos con la UE; y la permanencia dentro de la Unión Aduanera y el mercado único.
Por otra parte, se plantea la protección para aquellas personas miembros de la Unión que tengan su domicilio dentro de Reino Unido con fecha previa al 2020, a los cuales se les considerará la regulación del permiso de residencia, siempre y cuando, dispongan de trabajo, seguro médico, y hayan permanecido más de 5 años en el país después de culminado el proceso de transición.
Además, entre otros aspectos negociados, resalta la vigencia de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aquellos casos iniciados previos al año 2020 y apelaciones futuras posteriores a esta fecha.
Dentro de Reino Unido, parece que los posibles acuerdos no han sido aceptados plenamente por el complejo estatal, por un lado, se ha presentado la dimisión del ministro para el Brexit Dominic Raab, y la ministra del trabajo y pensiones Esther Mc Vey en con junto con varios funcionarios de menor rango.
Como si esto no fuera suficiente, actualmente se está gestando una moción de confianza, impulsada por el diputado Jacob Rees-Mogg, cuyo objetivo se centra en la destitución de Theresa May de su puesto, en caso de que el acuerdo no sea aprobado por el parlamento.
Si bien es cierto que la política británica suele desenvolverse en medio de este arquetipo de relaciones complejas que coquetean con figuras como la dimisión y la conspiración entre partidos, Theresa May afronta uno de los mayores retos como estadista político de su generación. Actualmente, no sólo tiene que lidiar con la oposición de la cámara de los comunes, sino que además afronta una convulsa situación que traspasa las fronteras y reaviva antiguas rencillas históricas...
El posible acuerdo de salida ha tocado un aspecto fundamental que se transformará en uno de los puntos más álgidos del proceso de negociaciones, la cuestión con Irlanda del Norte.
Es preciso recordar que el territorio norirlandés se maneja bajo la administración en conjunto de Reino Unido e Irlanda. Hasta la fecha, dicha circunscripción no presenta una línea dura de demarcación fronteriza y representa una de las zonas de mayor intercambio comercial entre las islas, no obstante, la negociación en materia limítrofe ha despertado la controversia, ya que, además del hecho de que Irlanda del Norte no está de acuerdo con el Brexit, durante las negociaciones ha manifestado en varias oportunidades, lo difícil que sería establecer políticas migratorias y comerciales dentro del territorio compartido.
El objetivo vital, era no establecer fronteras duras que provocaran el incumplimiento del tratado de Viernes Santo (1998), todo esto en aras de evitar la separación del territorio, la pérdida de soberanía y posibles levantamientos armados en la región.
Como consecuencia directa de tan delicado episodio, el borrador plantea la opción de la permanencia de Irlanda del Norte dentro de la Unión Aduanera, con la aplicación de controles específicos. Sin embargo, la aplicabilidad de estas medidas no es detallada con eficacia, cuestión que nos presenta una coyuntura compleja en la cual, Reino Unido, ancla parte vital de su economía hacia los acuerdos de Unión Aduanera, de los que tanto esperaban librarse los promotores del Brexit.
Reino Unido, el antiguo jugador estratégico del continente, se maneja en medio de un tablero geopolítico que se extralimita a las condiciones normales de equilibrio entre la política y la economía. Cual brillante malabarista, Londres asume una posición pragmática que parece buscar el camino más saludable para la protección de su sistema financiero; aunque, claro está, dados los resultados de las negociaciones, la UE es quien ha tomado la delantera, ubicándose en una posición privilegiada, que le permite mantener protegido su propio sistema de aduanero, por lo menos por 2 años más.
Si se analiza con precisión, se observa que Londres prefiere correr menos riesgos en materia económica, pero, a su vez, asume un alto costo a nivel político, ya que el fenómeno del Brexit no puede estudiarse únicamente desde un enfoque comercial, sino que el mismo, se extiende hacia una vertiente social que combina elementos de tensión civilizacional hacia el fuerte tráfico migratorio proveniente del extranjero, la redefinición del regionalismo y la pérdida de los beneficios de la comunidad europea. El Gobierno británico se encuentra en la difícil posición de convencer tanto al sector empresarial, como a la sociedad civil y la clase política de seguir una misma línea de estrategias pragmáticas, que, si bien implican sacrificios, son vitales para la preservación de los objetivos del Estado.
Por su parte, el aspecto político se postula en un plano, que, a nivel internacional, presenta amenazas hacia la territorialidad y la soberanía británica, puesto que, las contradicciones con Irlanda del Norte, demuestran la posibilidad de que se inicien nuevos movimientos separatistas, que incluso puedan combinarse con acciones de tinte paramilitar, como sucedía 20 años atrás, lo cual constituye un riesgo latente en materia de seguridad nacional.
Sumados a estos acontecimientos, se desatan asperezas con España por el Peñón de Gibraltar, y es en este momento dónde la diplomacia afronta nuevos retos, ya que para que el acuerdo sea aprobado necesitan tener el apoyo de los miembros de la comunidad, mientras que, al mismo tiempo, un acuerdo bilateral con España podría representar el atraso de las negociaciones comerciales con el resto de la Unión.
Las recientes negociaciones sobre el Brexit constituyen un punto de inflexión dentro de la política Internacional Europea. A la luz de las nuevas propuestas, se observa como dentro de un sistema dominado por las transformaciones, coexiste la complejidad de una entramada telaraña de intereses, dónde contrastan las visiones políticas y económicas, los estadistas buscan el equilibrio entre lo internacional y lo doméstico, las sociedades ejercen un peso importante sobre las decisiones de Estado y las corrientes teóricas se sientan en una mesa de negociación, donde la integración y la anarquía se estrechan las manos en la eterna batalla por la dominación de la realidad internacional.
Ana Karenina Walo. Octavo semestre.
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